El presidente del Gobierno español se disculpó ante la ciudadanía después de que un informe de la Guardia Civil hecho público el miércoles revelara que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, gestionó el reparto de hasta 620 mil euros en comisiones ilegales de parte de una empresa que recibió contratos públicos.
“Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán”, dijo este jueves 12 de junio el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante el escándalo que sacudió a su partido político tras conocerse un demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vincula a Santos Cerdán, secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en una trama corrupta que distribuyó hasta 620 mil euros en comisiones ilegales tras la adjudicación de obras públicas.
“Quiero pedir disculpas a la ciudadanía, porque el Partido Socialista y yo como secretario general del PSOE no debimos confiar en él”, expresó Sánchez visiblemente decepcionado del que hasta este jueves era miembro de su círculo más íntimo. Hasta hace unas semanas, Sánchez había defendido a Cerdán, quien le había acompañado desde 2018 y se había convertido en uno de más cercanos colaboradores.
En una comparecencia ante el Congreso el 21 de mayo, Sánchez afirmó de manera rotunda que Cerdán era una “persona honesta” y acusó al Partido Popular (PP) de “difamarlo”. Por el momento el presidente ha anunciado una auditoría externa al partido y descartado renunciar o llamar a elecciones anticipadas, pese a que la oposición ya está ejerciendo presión. “Ahora España lo que necesita es estabilidad, continuar con las transformaciones”, insistió.
El escándalo abre otra crisis para Sánchez, asediado por investigaciones y casos de corrupción en su entorno: su esposa, Begoña Gómez; es investigada por presunta corrupción y tráfico de influencias; su hermano, David Sánchez, será juzgado por tráfico de influencias tras su contratación en una institución pública; el ex ministro de Transporte, José Luis Ábalos —destituido y expulsado del partido en 2024— está acusado de cobrar comisiones por contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19; y, en un caso inédito, su fiscal general, Álvaro García Ortiz, está a un paso de sentarse en el banquillo por filtrar documentos judiciales contra la oposición.
