El reciente bloqueo ejercido por los pobladores del ejido Emiliano Zapata en Tuxtla Gutiérrez, deja en claro el hartazgo por parte de la gente hacia las empresas que han operado con total impunidad.
El reciente bloqueo ejercido por los pobladores del ejido Emiliano Zapata en Tuxtla Gutiérrez, deja en claro el hartazgo por parte de la gente hacia las empresas que han operado con total impunidad, no sólo en la asignación de contratos con una operatividad sospechosa sino en los efectos que estas han generado al medio ambiente y a la salud pública.
De acuerdo a los argumentos de los habitantes del ejido Emiliano Zapata, las empresas relacionadas a la construcción como graveras, de asfalto y demás, han generado un caos en esa zona, por decirlo así, erosionaron la tierra, generan contaminación auditiva debido a las explosiones que realizan y esto ha provocado que en las zonas habitacionales se generen grietas, los mantos acuíferos cada vez abastezcan menos a esos lugares y por ello, el relleno sanitario cercano, contamine las afluentes de agua cercanos.
Parte de la protesta de los vecinos es que clausuren estas plantas, ya que el ecocidio está a la vista y afecta la vida de quienes habitan ahí; también, los estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la UNACH están siendo afectados. Por lo que esta denuncia aparte de valida, es necesaria para revertir daños severos al medio ambiente.
Esta situación, desafortunadamente, no es nueva en Chiapas y en Tuxtla, es el resultado de la inoperancia de dependencias ambientales y que los ayuntamientos permitan que estas empresas operen sin medir las consecuencias ambientales, que para nuestros días se debe generar un mayor cuidado a la naturaleza.
En este sentido, y hasta el hartazgo, tenemos como referencia el caso de Proactiva-Veolia, empresa francesa que en esa zona mencionada dejó de operar su relleno sanitario hace poco, pero no sin antes dejar un cochinero y desastre ambiental.
Como comentábamos en nuestros reportajes semanales, desde junio de 2006, esta empresa ha operado con total impunidad, sin que esta tenga consecuencias jurídicas; bueno, al menos podemos decir que la actual administración dejó de prescindir de sus servicios, pero lamentablemente dejó todo un “desastre”.
También, en esta casa editorial evidenciamos hace unos días el descuido al servicio de recolección de basura, dejando a su paso focos de infección para los colonos en diferentes colonias y fraccionamientos de la capital chiapaneca.
Si bien los contenedores de cierta manera resolvieron el problema de la basura, con esta crisis ambiental y de servicios de recolección, salió contraproducente, aunado que estos artefactos se vendieron a sobre precio, y hoy ya presentan desgastes considerables.
Veolia como bien se planteó tuvo contratos con varias administraciones municipales de Tuxtla Gutiérrez, pero con los dos periodos de Carlos Morales Vázquez, esta empresa renovó contrato, pese a que se señalaron las irregularidades en sus operaciones y las deudas en administraciones pasadas. Eso sí, no debemos olvidar que este edil, en su paso por la Secretaría de Medio Ambiente durante el sexenio antepasado, fue omiso a denuncias y solapó esas irregularidades; tampoco, debemos olvidar su nombramiento como delegado de la CONAFOR en Chiapas, que causó molestia y polémica, debido a su incompetencia en los aspectos del medio ambiente.
Claro, en esta última administración Veolia se hizo de más presupuesto en sus bolsillos, sin siquiera mostrar un servicio de calidad y mucho menos, preocuparse por el cuidado del medio ambiente, que evidentemente le está pasando factura a los pobladores.
Afortunadamente, la Profepa emitió la clausura de uno de los rellenos sanitarios de esta empresa francesa, misma que sus residuos lixiviados ya pasó factura al subsuelo y mantos acuíferos de esa zona; sólo queda esperar que la sanción económica y la condición de que repare el daño sea una realidad.
Por último, y muy importante, es preciso que las dependencias ambientales sean precavidas en revisar contratos, operatividad y antecedentes de las empresas que contratan para los servicios; asimismo, que estas no perjudiquen al medio ambiente o se establezcan en zonas habitacionales, ya que quienes pagan esa negligencia en primera instancia son ellos.
