Noé Farrera Morales
Toda democracia se sostiene sobre un principio elemental: quienes ejercen el poder público están obligados a rendir cuentas, soportar el escrutinio ciudadano y responder a las críticas con argumentos, no con mecanismos de intimidación. Resulta preocupante que desde algunos sectores legislativos se impulsen iniciativas o discursos que, en los hechos, buscan inhibir el trabajo periodístico bajo el argumento de combatir los excesos de la libertad de expresión. La crítica al desempeño de un servidor público no constituye violencia institucional ni persecución política, menos aún inclinaciones por género; forma parte, sí, del debate democrático. Pretender construir un marco legal que convierta el cuestionamiento periodístico en una conducta sancionable representa un retroceso para cualquier sociedad que aspire a fortalecer sus instituciones. La prensa no existe para agradar al poder, sino para observarlo, cuestionarlo y exhibir sus errores.
El problema adquiere una dimensión mayor cuando quienes promueven este tipo de posturas son precisamente las y los diputados, cuya responsabilidad constitucional consiste en legislar para resolver los problemas estructurales de la población y no en diseñar instrumentos que puedan interpretarse como mecanismos de protección política para quienes ocupan cargos públicos. El Congreso no fue concebido como un muro de contención contra las críticas ni como un refugio para funcionarios incómodos frente al escrutinio público.
Basta observar la realidad cotidiana para entender dónde deberían concentrarse los esfuerzos legislativos. Las familias demandan mejores oportunidades laborales, mayor seguridad en las calles, sistemas de salud con medicamentos suficientes, infraestructura digna, acceso al agua potable, transparencia en el ejercicio del gasto y mecanismos efectivos para combatir la corrupción. Ninguno de estos problemas se resolverá intentando acallar voces críticas. En cambio, sí pueden agravarse cuando disminuye la vigilancia pública sobre quienes administran recursos o toman decisiones.
Existen ejemplos claros del papel que corresponde a un legislador. Una diputada o un diputado debería impulsar reformas que simplifiquen trámites para las pequeñas empresas, modernicen los sistemas de fiscalización del gasto público, fortalezcan la protección de víctimas, garanticen presupuestos suficientes para hospitales, mejoren la regulación ambiental o actualicen los marcos jurídicos frente a los desafíos tecnológicos. También deberían revisar leyes que fortalezcan la transparencia, la protección de denunciantes de corrupción y el acceso efectivo a la información pública. Ese es el trabajo parlamentario que la ciudadanía espera y por el cual paga impuestos. Convertir al Congreso en escenario para blindar sensibilidades políticas significa desviar la función esencial del Poder Legislativo.
La historia demuestra que ningún gobierno mejora persiguiendo periodistas. Pablo Salazar fue el claro ejemplo de ello. Por el contrario, las administraciones que intentan controlar el debate público terminan generando mayor desconfianza social. Cuando una autoridad busca limitar las preguntas incómodas, el mensaje que transmite no es fortaleza institucional, sino inseguridad frente a la evaluación pública. La crítica puede ser dura, severa e incluso incómoda, pero esa incomodidad forma parte del costo natural de ejercer funciones públicas.
También conviene recordar que el periodismo tiene responsabilidades éticas y legales. La libertad de expresión no protege la calumnia ni exonera de responsabilidades cuando se vulneran derechos. Existen mecanismos jurisdiccionales para atender posibles afectaciones al honor, la privacidad o la reputación conforme al debido proceso. Precisamente por ello resulta innecesario construir herramientas que puedan interpretarse como instrumentos de censura o intimidación.
Las y los diputados deberían recordar que representan a la ciudadanía antes que a cualquier grupo político, gobierno o interés coyuntural. Su legitimidad proviene del voto popular y su obligación consiste en defender los derechos fundamentales, incluso cuando esos derechos incomodan a quienes ejercen el poder. La libertad de expresión no pertenece exclusivamente a periodistas o medios de comunicación; pertenece a toda la sociedad. Que no se olviden aquí las instituciones son permanentes y los funcionarios son circunstanciales. Nos leemos el lunes.
Anclaje
Respecto al periodista argentino que recientemente expresó comentarios de odio hacia los mexicanos, difícilmente merece mayor atención que la que él mismo busca desesperadamente. Sus expresiones xenófobas no enriquecen el debate público ni representan un ejercicio serio del periodismo; constituyen una provocación destinada a generar indignación y obtener notoriedad a través de la confrontación. El desprecio hacia un pueblo entero revela una pobreza intelectual incompatible con el oficio periodístico.
