Noé Farrera Morales
A más de un año y medio del inicio de la actual administración estatal, uno de los mayores desafíos para el gobierno sigue siendo demostrar que el combate a los privilegios no distingue apellidos, relaciones familiares ni herencias políticas. Los ciudadanos han depositado su confianza en un proyecto que prometió romper con las viejas prácticas de la administración pública; sin embargo, continúan surgiendo señalamientos que alimentan la percepción de que algunas estructuras permanecen intactas. En ese contexto, las denuncias en torno a una presunta plaza irregular dentro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTE) representan un tema que merece ser esclarecido mediante información pública verificable y no únicamente mediante el silencio institucional.
El nombre que aparece en el centro de estas versiones es el de José Antonio Escandón Cadenas, hermano del exgobernador Rutilio Escandón Cadenas y actual cónsul. Diversas voces ciudadanas sostienen que presuntamente mantiene una plaza activa dentro del subsistema educativo sin que exista claridad sobre las funciones que desempeña, los horarios que cubre o el centro de trabajo al que está adscrito. Hasta ahora, esas afirmaciones no han recibido una respuesta oficial que permita confirmar o desmentir los hechos, alimentando así la incertidumbre y la desconfianza.
Habitantes del municipio de Venustiano Carranza han señalado que con frecuencia observan a José Antonio Escandón realizando actividades personales en la localidad durante horarios que, de acuerdo con las denuncias, coincidirían con su jornada laboral. Tales versiones, por sí solas, no constituyen una prueba definitiva; sin embargo, sí justifican que la autoridad educativa transparente la información correspondiente. En una administración que ha reiterado su compromiso con la rendición de cuentas, la mejor respuesta no debería ser el silencio, sino la publicación de datos que disipen cualquier duda.
Más allá de las personas involucradas, el fondo del asunto es la credibilidad de las instituciones. Los llamados “aviadores” han representado durante décadas uno de los símbolos más claros del abuso de los recursos públicos, pues implican el pago de salarios sin una contraprestación efectiva del servicio. Si las denuncias resultaran infundadas, la autoridad tiene la obligación de demostrarlo. Si, por el contrario, existieran irregularidades, corresponde actuar conforme a la ley. En cualquiera de los escenarios, la transparencia fortalece a las instituciones; la opacidad las debilita.
La atención también recae sobre el actual director general del CECyTE Chiapas, Luis Guadalupe Morales Ángeles, quien llegó al cargo con el compromiso de transformar una institución marcada por cuestionamientos heredados de administraciones anteriores. Su gestión tiene hoy la oportunidad de demostrar que la limpieza administrativa no puede limitarse al discurso. La ciudadanía espera decisiones firmes, auditorías internas y mecanismos que permitan conocer quién trabaja realmente, dónde lo hace y bajo qué condiciones.
Gobernar implica tomar decisiones que, en ocasiones, incomodan a quienes durante años se beneficiaron de esquemas de privilegio. La cercanía política o los vínculos familiares con personajes del pasado no deberían convertirse en un escudo frente al escrutinio público. Precisamente porque el nuevo gobierno ha insistido en diferenciarse de prácticas anteriores, resulta indispensable que todos los casos señalados reciban el mismo tratamiento, sin excepciones ni consideraciones de carácter político.
La confianza ciudadana no se construye únicamente con anuncios de combate a la corrupción, sino con acciones verificables. Hoy existen herramientas suficientes para transparentar plantillas laborales, centros de adscripción, horarios y responsabilidades administrativas. Hacer pública esa información, dentro de los límites que establece la ley, permitiría disipar sospechas y fortalecer la legitimidad institucional. En cambio, mantener dudas abiertas únicamente favorece la especulación y el desgaste de la imagen gubernamental.
El combate a la opacidad no admite medias tintas. Chiapas necesita instituciones que respondan con documentos, auditorías y resultados, no con omisiones. Si el objetivo es recuperar la confianza de la sociedad, cada denuncia debe investigarse con imparcialidad y cada servidor público debe estar sujeto al mismo nivel de exigencia, independientemente de su apellido o de las relaciones políticas que pueda tener. Solo así podrá consolidarse una verdadera cultura de rendición de cuentas. Nos leemos mañana.
Anclaje
El gobernador ha repetido una frase que resume una visión del servicio público: para querer, primero hay que merecer. En política no basta con aspirar a un cargo, buscar una candidatura o pretender un nuevo espacio de poder; es indispensable acreditar con resultados, honestidad y congruencia que se es digno de esa responsabilidad. Quienes aspiran a crecer políticamente deben entender que el respaldo ciudadano no se hereda, se construye todos los días con transparencia y trabajo. En una nueva etapa para Chiapas, el verdadero mérito no será la cercanía con antiguos grupos de poder, sino la capacidad de demostrar que el servicio público está por encima de cualquier interés personal o familiar.
