Varios países latinoamericanos dijeron que trabajan para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso e instaron al gobierno de Donald Trump a eximirlos de los nuevos aranceles estadounidenses propuestos, de entre 10 y 12.5 por ciento, que pretenden castigar a quienes realizan una aplicación laxa de las normas.
Durante una audiencia pública sobre los aranceles propuestos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) a 59 países y la Unión Europea, ministros y representantes de México, Perú, Guatemala y Ecuador rechazaron las acusaciones de que no están aplicando las leyes contra el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro y dijeron que cuentan con leyes y procesos para combatir el problema.
“México ha hecho de la lucha contra el trabajo forzoso una prioridad seria”, dijo en la audiencia Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de la Secretaría de Economía de México, y agregó que un arancel adicional de 10 por ciento castigaría injustamente a miles de empresas mexicanas que cumplen la ley.
La propuesta de la USTR eximiría a los bienes procedentes de México que cumplan con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre comercio.
“Los aranceles propuestos por la USTR contra México son injustificados, ya que no hay evidencia de importaciones realizadas con trabajo forzoso que entren a Estados Unidos a través de México”, dijo Acevedo.
Los tres días de audiencias de esta semana forman parte del proceso legal del gobierno de Trump para imponer gravámenes por prácticas comerciales desleales bajo la Sección 301 por la presunta falta de aplicación de prohibiciones a la importación de productos fabricados con trabajo forzoso. La USTR afirma que el trabajo forzoso en las cadenas de suministro extranjeras genera competencia desleal para los trabajadores estadounidenses.
Pero los nuevos gravámenes son vistos ampliamente como un esfuerzo por reemplazar un arancel temporal de 10 por ciento impuesto en febrero, después de que la Corte Suprema anuló los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump aplicados en virtud de una ley de emergencia. Esos gravámenes vencerán el 24 de julio.
Un grupo de 22 fiscales generales de estados demócratas presentó el lunes sus objeciones a los aranceles por trabajo forzoso, calificándolos de “intento de encubrir aranceles amplios predeterminados” que constituyen un abuso de la autoridad de la Sección 301. Su carta al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anticipó una posible impugnación judicial futura.
El director de negociaciones comerciales de Perú, José Luis Castillo Mezarina, solicitó que Perú sea eximido de cualquier arancel, “ya que en el caso peruano no se ha establecido una carga concreta sobre el comercio estadounidense, ni se ha cumplido el estándar probatorio exigido por la Sección 301, y la relación comercial bilateral no justifica una medida de esta naturaleza”.
Una audiencia simultánea sobre el arancel de 25 por ciento propuesto por la USTR a bienes procedentes de Brasil, en el marco de una investigación separada sobre prácticas comerciales desleales, concluyó el martes, con el testimonio del senador derechista brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, que planea presentarse a las elecciones presidenciales de octubre en el país.
