El miércoles pasado, familiares de víctimas de la violencia decidieron permanecer en una sala de jun-tas de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con el fin de que las autoridades se comprometieran a atender sus demandas de justicia. Al día siguiente fueron recibidos por personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG) –incluido el propio subsecretario Alejandro Encinas–, así como de la misma CNDH, y se retiraron de esas instalaciones ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Algunas de esas personas fueron conducidas a un recinto seguro para continuar con la atención a sus casos.

Cuando los familiares de las víctimas abandonaron el edificio integrantes de agrupaciones feministas que habían llegado a darles apoyo tomaron las instalaciones y llamaron a que agraviados de todo el país acudieran a reforzar la ocupación, que permanecía hasta ayer, y cuya duración se postula indefinida.

Durante el fin de semana, Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Nelly Montealegre Díaz, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre otras funcionarias de la referida subsecretaría de Gobernación, así como de la Secretaría de las Mujeres capitalina, se apersonaron en el recinto de la calle República de Cuba con la intención de entablar diálogo con las quejosas; sin embargo, fueron rechazadas.

Es importante señalar que los reclamos presentados encuentran plena justificación en la justicia pendiente para las decenas de miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en general, y de manera particular por la insoportable situación de violencia de género que azota al país.

Sin embargo, resulta preocupante que la exigencia de atención a estas demandas se efectúe inhabilitando el funcionamiento de una institución clave para cualquier avance en la materia. Al respecto, como señaló la propia CNDH, es lamentable que se impida el acceso a instalaciones que no son de índole administrativa, sino centros de recepción y atención de quejas abiertos a la ciudadanía.

Así, la ocupación del recinto vulnera en primer lugar a quienes buscan hacer valer sus derechos humanos.

Provoca extrañeza que se recurra a este tipo de medidas de presión en un contexto de absoluta disposición de las autoridades para atender los reclamos y articular canales de diálogo, apertura que permitiría encauzar las justas demandas por vías institucionales. En cambio, se asiste a la inédita situación de que sean las autoridades quienes buscan el diálogo y los manifestantes quienes rehúsan entablarlo. No queda sino llamar al grupo que ocupa la sede de la CNDH a transitar hacia los espacios de diálogo que se encuentran abiertos, vía idónea para procesar todo conflicto.

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