Un lamentable enfrentamiento ocurrió el pasado sábado en el municipio de Tila. La noticia ha dado ya la vuelta al mundo y hasta el momento, la situación tensa aunque el ambiente muestra una aparente calma. A pesar de los muertos y de los varios heridos, lo importante es garantizar una intervención pronta por parte de los tres niveles de gobierno para evitar un nuevo derramamiento de sangre.

Es momento de aplicar la inteligencia y la cordura más que pensar en una intervención policiaca que vendría a complicar más las cosas. Lo digo con toda la propiedad que me permite el conocer la historia de este conflicto que viene de muchos años atrás y en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene cierta corresponsabilidad al mantener en el olvido una resolución que ha venido siendo impugnada por los indígenas ejidatarios que argumentan el despojo de sus tierras y reclaman en consecuencia el reconocimiento de sus derechos como pobladores originarios.

Lo ocurrido el pasado sábado, es el desenlace de una serie de agravios que se han venido cometiendo en contra de los avecindados de lo que fuera la cabecera municipal hasta el año 2015, año en que los mismos ejidatarios demolieron el edificio de la Presidencia Municipal y expulsaron al Ayuntamiento que en ese entonces era encabezado por Edgar Leopoldo Gómez.

Este conflicto fue aprovechado por el mismo ayuntamiento, quien se deslindó de toda responsabilidad y hoy acumula una larga lista de denuncias por desvío de recursos y obras inconclusas. Esto ha calentado los ánimos de la población que es testigo de la impunidad y de los privilegios de los que han gozado ciertos exfuncionarios del Ayuntamiento.

Por un lado, la inconformidad de la población ante los abusos del poder y por el otro, el legítimo reclamo de los ejidatarios que en esta ocasión, han sido los agresores, señalando como justificación la presencia del grupo paramilitar Desarrollo, paz y justicia que, es necesario decirle, fue desarticulado desde hace más de 15 años.

No obstante, los detractores de las autoridades municipales, insisten en utilizar un lenguaje pro-paramilitar desde el que justifican sus acciones radicales, con las que pasan por encima de los derechos de otros ciudadanos. En Tila, lo que ha ocurrido es el enfrentamiento entre dos grupos antagónicos que reclaman sus propios derechos y sus mismas razones en medio de un conflicto agrario.

Y es que ante la proximidad de las elecciones municipales, sobran quienes pretenden llegar agua a su molino para obtener beneficios políticos. Al respecto, Jorge Armando Gómez Alonso, defensor de derechos humanos e investigador, señala como responsable directo de los hechos a Francisco Arturo Sánchez, dirigente y operador de la provocación, ya que ahora busca ser candidato al Ayuntamiento y es miembro de un linaje de líderes que se ha profesionalizado en generar conflictos, organizar e incitar a la violencia.

Lo importante, insisto, es evitar un mayor derramamiento de sangre, y en este sentido, me llama la atención la postura del actual alcalde, Limberg Gutiérrez Gómez, al sostener que el ingreso de la policía estatal o de la Guardia Nacional, debe responder solo a la necesidad de evitar nuevos episodios de violencia y no para reprimir a cualquiera de las dos partes en conflicto.

No tengo el gusto de conocerlo, pero creo que su postura es bastante prudente y razonable. Esperemos que la angustia que ahora viven las personas atrapadas en medio de este conflicto, termine pronto.

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