Quién es Quién/USURPACIÓN DE FUNCIONES EN EL GOBIERNO DE MARIANO ROSALES/Noé Farrera Morales

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La Secretaría de la Función Pública, debe solicitar al Presidente Municipal de Villaflores, Mariano Rosales, una amplia explicación sobre las personas que integran su gabinete, y sobre todo, de aquellas en las que ha deslindado facultades administrativas y que gozan de autoridad para la toma de decisiones, en áreas en las que se ve comprometido el ejercicio de los recursos públicos; esto, porque, quiérase o no, su Ayuntamiento está obligado a cumplir con la ley de transparencia, principio básico en el combate a la corrupción y el impulso de una nueva forma de gobernar; una forma de gobernar que pone en el centro a la gente y exige a sus gobernantes honestidad, pero sobre todo congruencia.
Una de las maneras más eficaces para cumplir con estos principios, es terminar con la simulación, en el caso de Villaflores, con los famosos prestanombres, tanto de empresas constructoras y proveedores, así como con supuestos titulares de áreas que son tapaderas, de ex funcionarios que se encuentran inhabilitados, por anomalías en el desempeño de cargos anteriores y que fueron observadas por la Función Pública.
No obstante, se dice que Mariano Rosales, pretende ejercer tal control de la obra pública, área en la que se ejerce el mayor recurso financiero y que es además el talón de Aquiles en el tema de auditorías y comprobación de cuenta pública; que ha impuestos a dos director de obra: uno finge y otro funge, lo malo de esto es que quien funge, es precisamente quien se encuentra inhabilitado para ejercer cargo público, y quien firma, es simplemente quien finge.
¿Qué tan grave es esta falta administrativa que Mariano Rosales se está pasando por el arco del triunfo?
Sencillo: se trata de una probable usurpación de funciones, algo tipificado como un delito penal, que incide directamente en la confianza del ciudadano en la administración pública, por lo que afecta directamente al actuar real de toda Administración. De forma breve “podemos constatar que el que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.”La acción típica viene descrita como el que ilegítimamente ejerciera actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, y requiere, para su concurrencia, de un elemento subjetivo que viene representado por la intención de obrar suplantando o falseando la realidad administrativa que se deriva de la exigencia de un nombramiento ajustado a la normativa funcionarial para poder desarrollar determinadas funciones públicas.
La verdad, para ir al punto, es que Mariano Rosales se siente tan tocado por el poder celestial, que poco le importa vulnerar la ley con tal de mantener a sus condicionales, al frente del manejo del dinero público, que no es por revivir el pasado, pero mala fama arrastra de su paso por la Secretaría de Transportes y también por el de la dirección general del Conalep.
De lo que se trata es de saber hacer frente a los retos de un nuevo modelo de administración pública, y un nuevo ejercicio de gobernanza.
No paso por alto, que aún falta demasiado para que los ciudadanos se involucren, opinen y exijan a los gobiernos locales una transformación real de la vida pública. Hace falta democratizar la política, ponerla al servicio de la gente, aunque esto implique, perder el control de lo que por muchos años ha sido el botín de los representantes populares: el uso discrecional de los recursos.
¿Podrá Mariano Rosales asumir este reto? Si me preguntan a mí, respondo. Lo creo, pero lo dudo.

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