Quién es Quién/Secretaría de Salud ¿Cuál es el precio de la impunidad?/Noé Farrera Morales

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En definitiva, valdría la pena saber quién es el directo responsable de la operatividad en materia de verificaciones y claustras de la Secretaría de Salud estatal, esto porque es evidente que la venta de bebidas alcohólicas y la proliferación de establecimientos como bares y cantinas, está ocurriendo bajo la complacencia de la misma institución encargada de su regulación.
Desde la Jurisdicción Sanitaria Número 1, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y que está en manos del Dr. Lizardi Winston Rodríguez Gálvez, se viene promoviendo no una estrategia de combate a la venta indiscriminada de bebidas embriagantes que en consecuencia, ponen en riesgo la salud de la población y también derivan en otros fenómenos sociales como violencia, pandillerismo y delincuencia; lamentablemente, tal parece que a estos funcionarios es fácil llegarles al precio, porque apenas llegan al puesto y de inmediato movilizan a sus lacayos para recorrer rutas especificas cobrando cuotas y estableciendo todo tipo de negocios con los propietarios de estos tugurios.
No es exagerado lo que digo. Les voy a poner un reto, a quienes forman parte del área de verificaciones y clausuras de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, es simple y sencillo realizar un recorrido por las principales calles y avenidas de Terán, ahí podrán encontrar todas las evidencias de lo que aquí se señala, porque ya nos cansamos de denunciar y exhibir la forma impune en que funcionan los bares y las cantinas en este lugar, sin que hasta la fecha exista funcionario alguno que haya demostrado por lo menos interés para entrarle al toro por los cuernos.
Por el contrario, nos hemos percatado que a los funcionarios de la Secretaría de Salud, poco o nada les importa terminar con este preocupante problema para la los habitantes de Tuxtla Gutiérrez. Se dice, de manera extraoficial, que los fiscales y los supervisores, reciben semanal y mensualmente las cuotas correspondientes para permitir que dichos establecimientos continúen funcionando, la mayoría violentando normas de higiene y seguridad, e incluso, sin contar con la debida patente para el expedido de bebidas alcohólicas.
No hay ley ni autoridad que se atreva a poner en jaque los negocios de un grupo de comerciantes de mala muerte, que lo mismo les da poner en riesgo la salud de sus clientes, explotar a sus trabajadores o prostituir a las meseras que ahí laboran. Su modo de operar es bien conocido, pero particularmente en el caso de la Colonia Terán, este fenómeno ha venido en aumento, evidenciando una relación de corrupción y complicidad ante la cual los vecinos manifiestan su hartazgo y su inconformidad.
El reto resulta pues muy simple: que se apersone el funcionario del más alto nivel en el tema y constate por ojos y oídos propios que lo que aquí se dice no es una aberración ni una mentira.
Después, deberá girar las instrucciones correspondientes a sus subordinados, advirtiendo la aplicación de sanciones puntuales a todo aquel que incumpla con sus responsabilidades, sobre todo en casos donde existen elementos para actuar con todo el peso de la ley.
No pasará mucho tiempo y le puedo asegurar, amable lector, que este problema se solucionaría, sin embargo, alguien que conoce muy bien de estos negocios está haciendo su agosto y por lo que veo se niega a renunciar a estos privilegios.
Sería bueno pues que Lizardi Winston Rodríguez se ponga a trabajar en lo que le corresponde, en lugar de andar perdiendo el tiempo en actividades que tarde o temprano, le traerán graves consecuencia a su reputación en el desempeño de la función pública.

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