Quién es Quién/Salvar al Cañón del Sumidero/Noé Farrera Morales

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De los muchos municipios que generan descargas residuales al rio Grijalva, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez son los que generan la mayor contaminación a este afluente. Esta situación ha prevalecido durante muchos años, sin que hasta el momento, existen acciones claras para obligar a estos gobiernos municipales a asumir los costos de sus impactos, negativos para el medio ambiente.
La Jiccas, han sido un intento o una suerte de compromiso para que los ayuntamientos reduzcan su contaminación y traten sus aguas negras; de un total de 16 operan plantas de tratamiento, el resto desecha su aguas sucias directamente al Río Grijalva.
Estos otros 14 ayuntamientos tienen un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chiapas, quien les cobra una sanción anual y permite que los municipios liberen aguas negras al Río Grijalva, concurrente con el Parque Nacional Cañón del Sumidero.
Se dice que el monto de las infracciones han sido sistemáticamente ocultadas por el director del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chiapas, quien opera directamente y en discrecionalidad los montos de las sanciones que los alcaldes han dado en llamar ‘permisos especiales’ para tirar aguas de drenaje a una de las denominadas nuevas maravillas del mundo; el Cañón del Sumidero.
Las aguas negras afectan directamente el Río Grijalva, el Cañón del Sumidero y unas 756 mil hectáreas en 16 municipios y 222 comunidades que nadan, toman, y comen productos que a diario reciben miles de metros cúbicos de aguas negras.
La situación del medio ambiente, no solo en nuestro estado sino en todo el mundo, cada día es más crítica, por ello cobra gran importancia el tratamiento de aguas residuales, el cual debe hacerse con el empleo de las tecnologías más avanzadas para garantizar no solo la efectividad del tratamiento, sino la calidad del agua resultante, que permita su rehúso ya sea en sistemas hidrosanitarios, sistemas de riego agrícola o incluso para el consumo humano.
Hace algunos años la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ante el Ministerio Público Federal una denuncia penal contra las empresas Buena Vista del Cobre y/o Minera México, por su presunta responsabilidad en el derrame de casi 40,000 metros cúbicos de lixiviados de Sulfato de Cobre Acidulado, en el Río Bacanuchi.
La acción interpuesta ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente Previstos en Leyes Especiales (Ueidaple) de la entonces Procuraduría General de la República, imputaba a dichas compañías la probable comisión de delitos contra el ambiente.
Ambos delitos se encuentran previstos y sancionados por Artículo 414 del Código Penal Federal, el cual señala penas hasta por nueve años de prisión y 300 mil días de salarios mínimos, y estas siguen vigentes.
Creo en el tema del medio ambiente no pueden haber consideraciones. Si bien es cierto que la gravedad puede o no se la misma, el mismo delito comete una empresa que un municipio. Aquí, la ley no debe tener reservas, y todos los municipios deben cumplir por igual, o ser sancionados.

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