Quién es Quién/las siguen matando/Noé Farrera Morales

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A pesar de que Chiapas es una entidad en la que se ha decretado la Alerta de Género -un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y cuyo objetivo, es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos-, los feminicidios continúan siendo la prueba contundente de que, en mucho, las políticas y programas gubernamentales continúan siendo sólo esqueletos que justifican el gasto de los recursos destinados.
La Alerta de Género en Chiapas, es resultado del trabajo comprometido de organizaciones de la sociedad civil, activistas y feministas tras denunciar la violencia sistemática que se ejerce en contra de mujeres y niñas, no sólo en comunidades indígenas de la entidad sino en las principales ciudades como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.
La lucha por lograr este decreto no fue fácil, y, aun así, contando con una Alerta de Género, la estructura social y cultural representa una enorme barrera que dificulta la aplicación de mecanismos de prevención y erradicación; además de una torpe burocracia que vuelve tediosos los procesos de atención, y muchos casos, se encarga de anteponer trabas a las víctimas.
Chiapas debe celebrar que cuenta con este mecanismo coordinador por la Secretaría de Gobernación, y debe, por supuesto, condenar cada acto de violencia contra las mujeres, sobre todo exigir que se ponga fin a los feminicidios que motivaron el decreto de la mencionada alerta de género.

No es necesario esperar a que las malas noticias invadan los espacios de los medios de comunicación y que la indignación, a veces pasajera de sociedad, aflore para exigir que se apliquen políticas efectivas para asegurar a las mujeres y niñas, el acceso a una vida libre de violencia.

El pasado lunes, al menos cuatro mujeres perdieron la vida en distintos hechos. La muerte de una de ellas, se justificó en un probable suicidio resultado de un trastorno de ansiedad y depresión que la habrían conducido a accionar un arma de fuego contra su cabeza. No obstante, las dependencias encargadas de la investigación omiten reconocer que incluso esta condición psicológica, pudiera ser resultado de ambientes violentos o situaciones en las que las mujeres se ven presionadas a optar por este tipo de salidas. Es decir, falta ir más allá, ir al origen, a las causas que llevan a una mujer a tomar esta fatal decisión.
Algo similar se maneja en el caso de la indígena tzotzil cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de San Cristóbal de Las Casas, al señalar que ésta padecía de sus facultades mentales. ¿Acaso eso justifica su asesinato?
Algo que debería saber la ciudadanía, es que una alerta de género no sólo implica agravar castigos en contra de agresores y feminicidas. Implica, ante todo, recursos, dinero para aplicarse en programas de prevención, pero también en el mejoramiento de ambientes, incluso para la instalación de luminarias en calles que representan peligro para las mujeres, transporte seguro, apoyo a colectivos, programas, albergues, etc.
Activistas y feministas de otros estados han observado que, aunque la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres fue un logro de las organizaciones civiles, hasta el momento presenta fallas en la aplicación de los protocolos que establece. Errores que han ocasionado que los feminicidios continúen, como en Chiapas, donde las siguen matando y la fiscalía, bien gracias.

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