Quién es Quién/Desde que iniciaron las mediciones de pobreza en México/Noé Farrera Morales

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Desde que iniciaron las mediciones de pobreza en México, Chiapas ha ocupado siempre uno de los primeros lugares a nivel nacional en la proporción de población que vive bajo condiciones de pobreza patrimonial y alimentaria. El porcentaje de población que vivía en pobreza patrimonial en Chiapas alcanzó 75.1% en el año 1990, veinte años después la cifra llegó a 78.1%. Estos resultados muestran, por una parte, el fracaso de los programas de combate a la pobreza, mientras que por otra parte, son producto de una combinación de la falta de dinamismo de su economía y el rápido incremento de la población, todo ello exacerbado por los altos niveles de desigualdad social y económica, además de factores de carácter discriminatorio de facto hacia las poblaciones indígenas.
Entre los años 1990-2010, los niveles de pobreza alimentaria crecieron de forma más dramática en los municipios con mayores niveles de marginación, es decir, en 87 de los 118 municipios, por lo que la pobreza alimentaria cubrió poco más de tres cuartas partes del territorio del estado con niveles superiores a 50%. Lo que implica que la pobreza se ha democratizado no solo entre los individuos sino también entre los municipios y que abarca cada día una mayor proporción del territorio chiapaneco.
El gobierno de Sabines compró la idea según la cual una de las causas de la pobreza y la marginación era la dispersión de la población en muchas localidades —más de veinte mil—, y esto justificó sumas millonarias para la construcción de “ciudades rurales sustentables”.
Independientemente del equívoco de considerar la dispersión de la población como causante de la pobreza, se necesitaría construir entre 100 y 170 “ciudades rurales” para concentrar a los casi 2.5 millones de habitantes que están en alrededor de veinte mil localidades menores de dos mil quinientos habitantes, lo que sería una verdadera locura.
En la administración de Sabines sólo pudieron concluirse dos —Nuevo Juan del Grijalva y Santiago El Pinar—, y dos más quedaron inconclusas: la de Ixhuatán, con 379 viviendas, y la Ciudad del Café en Jaltenango La Paz, con 625 casas y una inversión de poco más de 210 millones de pesos —336 000 pesos por cada casa—.
A pesar de haber sido el proyecto más importante del gobierno de Sabines, como explícitamente se indicó en su informe de gobierno, ha recibido fuertes críticas de sectores representativos de la sociedad, no sólo por la concepción misma del proyecto, que no tomó en cuenta las características específicas de la vivienda en el medio rural —cocinar con leña, tener cerca la parcela y animales de traspatio junto a la vivienda, etcétera—, sino también por el elevado costo de cada “ciudad rural” frente a su efectividad para mejorar las condiciones de vida de la gente.
Chiapas es quizá el mejor ejemplo del fracaso del modelo de economía abierta y de los programas asistenciales que han intentado compensar los males del desarrollo neoliberal.
Y, sin embargo, el gobierno actual insiste en sostener el mismo modelo. A este respecto son ilustrativas las declaraciones del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien manifestó que “sólo con la aprobación de más reformas estructurales, como la energética y hacendaria, México podrá generar crecimientos económicos mayores que permitan a millones de mexicanos salir de la pobreza”.
La historia se ha encargado de demostrar que el crecimiento económico por sí mismo no es garantía para superar la desigualdad y la pobreza en ningún país del mundo, y sin embargo se recurre a la retórica para evadir la responsabilidad del Estado.
Y ahora, ¿en dónde estamos?

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