Quién es Quién/Alcaldes y ex alcaldes, en la mira de la SHCP/Noé Farrera Morales

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La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó dos denuncias ante la PGR, en ejercicio de sus facultades legales.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público presentó dos denuncias ante la PGR, en ejercicio de sus facultades legales.

 

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público presentó dos denuncias ante la PGR, en ejercicio de sus facultades legales.

 

La primera denuncia, un caso de corrupción ligado con un ex presidente municipal, quien por medio de un prestanombres y empresas fantasmas tuvo un flujo de capitales de un aproximado de 32 millones de pesos.

 

La segunda denuncia se presentó en contra de un grupo de personas que utilizaban la estructura de diversas empresas fantasma para evadir obligaciones fiscales, las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones de pesos.

 

En ambos casos, los sujetos y operaciones denunciados permitirán identificar el origen y destino de los recursos en el proceso de blanqueo de capitales para el inicio de las investigaciones judiciales.

 

Continuando con la instrucción del Presidente de México y del Secretario de Hacienda, así como en plena coordinación con la SSP, la UIF está comprometida con la lucha contra los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita para combatir las estructuras financieras que dan soporte a la corrupción y han afectado al erario.

 

El comunicado anterior, debe encender las alertas de todos aquellos alcaldes y ex alcaldes mano largas, que se han servido del erario público, y se han enriquecido a costa de los ciudadanos que depositaron en ellos su confianza. El combate a la corrupción debe tocar los fondos necesarios, pues es evidente que existen servidores públicos que se sienten intocables, que arrastran mucha cola y que hoy, se refugian a la sombra del nuevo gobierno, aprovechando la política de reconciliación y/o amnistía que ha propuesto López Obrador.

 

Esto, de ninguna manera puede tolerarse. Obrador ha sido muy claro: amnistía para quienes se vieron forzados a incurrir en delitos, bajo amenazas del crimen organizado o por condiciones específicas que no son precisamente el ejercicio de la función pública. Eso es algo muy distinto, las cosas por su nombre, aceptar que la impunidad sea concedida a ex alcaldes como Fernando Castellanos, es aceptar en los hechos que la decisión de los mexicanos de terminar con la corrupción y los privilegios de una minoría política, no ha sido respetada por los apóstoles de la Cuarta Transformación.

 

Aquí, en Chiapas, sobran nombres y apellidos que deben ser investigados por esta Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Por ejemplo: la ex alcaldesa de Jiquipilas, Ana Laura Basurto, marioneta de Jorge “la rana” Betancourt, quien hoy goza de las mejores comodidades desde una curul en el Congreso del Estado. Ha sido una mujer maniobrable al antojo de los intereses más mezquinos de un tipo, que se ha enriquecido cínicamente, pero que los ciudadanos rechazaron enérgicamente en las urnas en julio pasado.

 

Y hay más casos. Limber Gregorio Gutiérrez, actual alcalde Tila y su esposa. Marco Cancino de San Cristóbal de Las Casas y compañía. Personajes que representan lo más oscuro de la corrupción que mantiene a Chiapas en la desgracia, y están ahí, incrustados en el poder, como si nada pasara.

 

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