Operan grupos armados en casi todo el territorio estatal

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[ENRIQUE VÁZQUEZ]

Hablar de grupos armados en Chiapas, es hablar de conflictos que desde el inicio de la década de los noventas se vinieron recrudeciendo con el surgimiento del “Ejército Zapatista de Liberación Nacional” (EZLN), la mayoría de los cuales no pudieron ser desarticulados por ninguno de los anteriores gobiernos y, en la actualidad, vuelven a cobrar fuerza, unos supuestamente ligados con organizaciones como el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), o la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), cuyo dirigente estatal fue ejecutado a balazos por sicarios en el municipio de Las Margaritas en el mes de mayo del 2017.
Grupos armados radicales que causaron la zozobra, el temor, entre ellos los llamados “Paz y Justicia”, “Los Chinchulines”, (también llamado Frente Cívico “Luis Donaldo Colosio”), “Máscara Roja”, “Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista” (MIRA), “Los Diablos”, entre otros muchos que tienen presencia en municipios como Tila, Sabanilla, Tumbalá, Chilón, El Bosque, Simojovel, Bochil, y también en parte de la zona costa.
Así también han cobrado fuerza los asesinatos, medianamente resueltos por las mismas autoridades, de académicos y dirigentes magisteriales de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, de la Unicach, dos hermanos que dirigieron el Mocri (CNPA-MN y EZ), periodistas y defensores de los derechos Humanos; candidatos a puestos de elección popular, alcaldes en funciones, enfrentamientos armados entre transportistas y hasta en contra de cuarteles de la misma policía.
Y eso sin contar las constantes ejecuciones de personas presuntamente ligadas con la delincuencia organizada, cuyos cuerpos son dejados abandonados en caminos de extravío y con los clásicos estilos del crimen organizado, que no conforme con privarlos de la vida, los incinera. O el nuevo estilo de los asesinos a bordo de motocicletas que lo mismo llegan hasta los domicilios de sus víctimas o los ejecutan en plena vía pública y ante la mirada de propios y extraños.
Sin embargo, no hay que perder de vista que, desde el surgimiento armado de 1994 en Chiapas, es cuando hacen su aparición varios de los llamados “guardias blancas” o grupos paramilitares, que inicialmente comenzaron a atacar las comunidades indígenas, utilizados por terratenientes o empresarios, que lo mismo cuidaban de sus propiedades o despojaban de sus tierras a habitantes de los pueblos originarios.
A continuación, señalaremos las agresiones más violentas registradas a partir de la década de los 90´s, cuando los grupos armados, vinculados la mayoría de ellos con el partido en el poder y con la protección de altos funcionarios de todos los niveles del gobierno, comenzaron sus agresiones principalmente contra las comunidades indígenas y simpatizantes del EZLN.

Paz y Justica
Fue a mediados de los años 90 cuando este grupo armado surgió, formado por indígenas priístas de los municipios de Tila y Salto de Agua, y que presuntamente recibieron entrenamiento paramilitar debido a la manera de cómo actuaban para cometer sus fechorías, consistentes en robo de ganado, expulsión de familias de sus propias comunidades, violaciones, asesinatos, lo que en poco tiempo los convirtió en una seria amenaza para los habitantes de los municipios donde tenía presencia, tales como Chilón, Yajalón, Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Palenque, Sabanilla.
A saber, el grupo era liderado por ganaderos de la región, líderes políticos allegados al PRI, entre quienes figuró el ex diputado priista Samuel Sánchez Sánchez, además de integrantes de la llamada Sociedad Campesina Magisterial (Socama), que al parecer fueron los fundadores de este grupo armado.
Fue en todos estos municipios donde durante cinco años (1995-2000), los integrantes de Paz y Justicia se convirtieron prácticamente en el terror de sus habitantes, quienes vivieron el asesinato y la desaparición de cientos de indígenas Choles, Tzeltales; sufrieron la violación de decenas de mujeres; el cierre de decenas de templos católicos, además de que miles de indígenas también fueron desplazados y despojados de sus bienes.

Los Chinchulines
Otro de los grupos más radicales conocidos durante la época del surgimiento armado del EZLN en 1994, fue el llamado “Los Chinchulines”, patrocinado, liderado por el ex diputado local y delegado del Issste en Chiapas, Rafael Ceballos Cancino, conocido con el sobrenombre de “el coyolito”, y que fue creado por el gobierno en aquellos años para aplastar a los indígenas, como lo ocurrido aquel 5 de mayo de 1995 en San Jerónimo, Bachajón.
A saber, el grupo conocido inicialmente como “Los Juveniles”, comenzó por el año de 1991, como Organización Juvenil Institucional (OJI), supuestamente apoyada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando Patrocinio González Garrido era gobernador del estado (1988-1993), y su presunta “lucha” inició “por la defensa de los bancos de arena y grava de esa región”, pero poco después mostraron sus verdaderas intenciones hasta convertirse en un grupo armado que después llamaron “Los Chinchulines”, que contaba (o cuenta aún) con armamento de alto poder.
Fue de todos conocida la complicidad del grupo con corporaciones policiacas, funcionarios públicos, agentes del ministerio público y hasta jueces que permitieron dejar en libertad a varios de los integrantes y presuntos responsables de todo tipo de delitos, cuyas carpetas de investigación seguramente aún permanecen en los anales de la actual Fiscalía General del Estado (FGE), de la Procuraduría General de la República (PGR) y seguramente de más de una corporación internacional.

Grupo armado “Máscara Roja”
Este fue otro de los grupos armados que surgieron a raíz de la presencia del EZLN en la zona norte de la entidad, desde enero de 1994, y sus actividades se centraron en municipios tales como Pantelhó, Larráinzar, Chamula, y principalmente en Chenalhó; y es señalado como uno de los autores de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, los cuales actuaban coordinados con corporaciones policiacas, quienes al parecer eran las encargadas de entregarles las armas con las que actuaban, además de estar vinculados con el propio ex presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, funcionarios y líderes de partidos políticos como el Partido Frente Cardenista, el PRI, entre otros.
Fue en los primeros días del mes de octubre de 2012, que la organización “Sociedad Civil Las Abejas”, publicó un nuevo comunicado en el que denunció la reactivación de grupos paramilitares en el municipio de Chenalhó, en clara alusión a los integrantes de “Máscara Roja”.
“Las Abejas” dieron a conocer que la excarcelación masiva de presos por la masacre de Acteal, (ocurrida el 22 de diciembre de 1997), de agosto a septiembre de 2009, “ha favorecido en gran medida el reagrupamiento de estos y ahora se han puesto de manifiesto en coordinación con los que no fueron juzgados; portando armas de fuego en las carreteras, en los montes: en el camino a las milpas y cafetales”.
En ese documento, “Las Abejas” detallaron que “la transición gubernamental de Enrique Peña Nieto ha desatado una serie de hechos violentos, que es una estrategia de amenaza que se ejerce para contrarrestar la protesta social que denuncian su imposición, pero no sólo en contra de antiEPN, sino también en contra de organizaciones sociales que denuncian las injusticas y violaciones a los derechos humanos, cometidos y gestionados por los gobiernos; los cuales se implementan bajo la lógica de contrainsurgencia que tiene, entre otras finalidades, el crear división y conflicto interno de nivel comunitario y organización, hasta causar desplazamiento forzado”, como los que actualmente ocurren en Chenalhó, Ocosingo y otros municipios de aquella zona.
“Las Abejas” acusaron también al gobierno de Juan Sabines Guerrero como “el administrador con fines políticos, de organizaciones armadas de la Zona Norte de Chiapas y otras regiones autónomas, lo que trajo como consecuencia la reactivación de grupos paramilitares tales como “Paz y Justicia”, en la Zona Norte (Tila, San Sebastián Bachajón); y el grupo paramilitar “Mascara Roja” que aún operan en el municipio de Ch’enalvo’.
Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA)

Otro grupo “paramilitar” que en los mismos años de la revuelta zapatista se encargaba de la desarticulación de actividades y agresiones en contra de la misma población civil de los municipios de Chanal, San Juan Cancúc, Oxchúc, Huixtán, entre otros, apoyados por elementos de corporaciones policiacas y funcionarios estatales, era el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA); un grupo perfectamente bien adiestrado por la misma policía y probablemente por el mismo Ejército Mexicano que utiliza o utilizaba armas de fuego de alto poder
A saber, este grupo fue fundado por el ex diputado federal y ex presidente municipal de Oxchúc, Norberto Sántiz, y durante muchos años se dedicó a reprimir, junto con la policía, a habitantes de todos los municipios antes señalados, donde cometían todo tipo de delitos como robos, asaltos, detenciones arbitrarias y hasta penetraban a domicilios particulares para cometer todo tipo de abusos.

Grupo “Los diablos”,
de Simojovel

Uno de los grupos armados que surgió hace aproximadamente 10 años, es el llamado “Los diablos”, que mantienen en una zozobra completa a los municipios aledaños a aquella región de Chiapas, tales como Pueblo Nuevo, Jitotol, El Bosque y la propia cabecera municipal de Simojovel; debido al cacicazgo político que se vive en esa localidad, y que se ha mantenido bajo el gobierno de una misma familia de apellidos Gómez Domínguez, presuntamente relacionados con la delincuencia organizada.
Una de las personas que ha vivido en carne propia la represión de este grupo, es el Párroco Marcelo Pérez Pérez, que ha encabezado un movimiento social denominado “Pueblo Creyente”, y por el que le han puesto precio a su cabeza.
Por diversos medios se ha dado a conocer la actividad de este grupo armado, presuntamente protegido durante el mandato del actual Senador por Chiapas y ex gobernador, Manuel Velasco, tal y como los mismos pobladores señalan sobre el hecho de que constantemente persisten los casos de amenazas, extorsiones, tráfico de armas y de estupefacientes, además de secuestros, homicidios, asaltos, robo de ganado, entre muchos otros delitos.

Los Carpio Mayorga
de Amatán

Caso similiar es el que ocurre en el municipio de Amatán, donde desde hace ya varios años también se da el tipo de cacicazgo político entre la familia Carpio Mayorga, señalada por los mismos habitantes como los principales instigadores de la violencia y que hasta este 2019 ninguna autoridad se ha atrevido a resolver.
Muertos, heridos, persecuciones, desplazamientos forzados y crímenes políticos son la identidad de ese pueblo ubicado al norte de la entidad, colindante con el vecino estado de Tabasco y los municipios de Ixtapangajoya, Solosuchiapa y Huitiupán; y con apenas poco más de 21 mil habitantes que, cansados del cacicazgo de esa familia que se ha perpetuado en el poder, crearon el “Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán” (MPJBC), junto con la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA-MN), cuyo máximo dirigente a nivel estatal, Noé Jiménez Pablo, fue salvajemente asesinado, junto con José Santiago Gómez Álvarez, otro líder del movimiento; por integrantes del grupo armado dirigido por la familia Carpio Mayorga.
En este caso, como en otros, el Párroco Marcelo Pérez Pérez, también ha sido blanco de las agresiones por parte de los grupos armados que han tratado de evitar su inclusión en las demandas sociales y en levantar la voz por los reprimidos, como intermediario para lograr la paz en ese lugar, donde la parte agresora ha pretendido desvirtuar la problemática, argumentando que se trata de un conflicto entre grupos y organizaciones civiles.

Los desplazados de Chenalhó

San Pedro Chenalhó, otro municipio enclavado en la zona norte del estado de Chiapas, es otro de los municipios que desde hace varias décadas ha venido padeciendo también de diversos problemas que han provocado el desplazamiento forzado de centenares de personas, víctimas de las diferencias religiosas, agrarias, territoriales, políticas y electorales que han derivado en ataques por parte de grupos armados que han impedido su retorno a las comunidades de donde son originarios.
De estos últimos municipios, así como de los demás problemas que prevalecen en todo el estado de Chiapas, el gobierno del estado tiene recomendaciones de organismos estatales, nacionales y hasta internacionales, los cuales se incrementaron en la pasada administración que nada hizo por resolver los conflictos, pero a cambio los avaló y hasta los administró, según refieren los afectados en sus propias denuncias.

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