En lo personal, está decisión es bastante razonable, si no es que aplaudible. De entre todas las instituciones, el Ejército Mexicano, es quien goza de la mayor confianza entre los ciudadanos.
Y es que la Secretaría de la Defensa cuenta con cuatro fideicomisos con 31.980 millones de pesos (unos 1.500 millones de dólares) disponibles para compra de equipo militar (que dispone de más del 90% de esa bolsa), haberes de retiro, pensiones y compensaciones, subsidios a los hijos del personal del Estado Mayor Presidencial y a familiares de militares fallecidos en misiones de alto riesgo.
Ninguno de estos fondos, que también se rigen bajo el esquema que el presidente ha señalado de “opaco y corrupto” ha sido tocado. De hecho, ningún Gobierno antes había financiado con esta cantidad de recursos al Ejército.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha desvelado que los recursos destinados al Ejército pasaron de unos 4.000 y 5.000 millones de pesos —durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— hasta los más de 30 mil millones a mediados de este año con el Gobierno de López Obrador.
Se trata de uno de los montos más altos de los fideicomisos públicos que no ha eliminado esta Administración, según las cuentas de la Secretaría de Hacienda. Y la suma ha alcanzado al fondo de estabilización presupuestal, los ahorros del Estado, que se redujeron a finales del año pasado para tapar los agujeros del gasto y compensar los ambiciosos programas sociales y de infraestructura del Gobierno de López Obrador.
No obstante, algunas señalan opacidad del Ejército en el manejo de sus recursos, y citan como ejemplo la concesión para construir el Aeropuerto de Santa Lucía, bajo la orden del presidente, de la cual no se ha hecho público ningún dato hasta la fecha y ha quedado blindada cualquier información amparada en el recurso de la seguridad nacional. El presidente ha señalado en su conferencia de prensa de ayer miércoles que “los que están defendiendo los fideicomisos están defendiendo la corrupción». Pero no ha explicado, no obstante, por qué se mantiene uno de los fondos con más recursos públicos que además ha sido señalado por la Auditoría.
Los mismos detractores de la eliminación de los 109 fondos reconocen que no todos los fideicomisos funcionaban de forma transparente y regulada. Pero en el caso de los fideicomisos de la Sedena, que se excluyen de la lista de los eliminados, muestra la enorme discrecionalidad del presidente para decidir cuáles sí y cuáles no, sin llevar a cabo un análisis más detallado, aunque esto, en definitiva, es otra historia.
Lo que sí me queda claro es que lo que alguna vez se dijo, en el sentido de que López Obrador estaba denigrando el papel del Ejército, resulta ahora bastante incrédulo, cuando es más que evidente que se ha dispuesto a fortalecer no solo sus tareas, sino los recursos económicos como ningún Presidente antes lo había hecho.
