Debido a los conflictos que se presentan en las comunidades indígenas de Chiapas, hoy podrá tener una atención no solo social, sino legal, que permita resolver estos problemas, dio a conocer el diputado federal, Raúl Bonifaz Moedano.
El entrevistado, comentó que bajo un dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, se expidió y aprobó la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, como ocurre en la entidad chiapaneca.
No es un asunto particular del Estado, también hay otros puntos donde se presenta, sin embargo, en el caso concreto de Chiapas, la disputa es por conflictos religiosos, partidistas, ideológicos, grupales, principalmente, lo que ha hecho que por décadas se tenga este fenómeno social.
El objetivo es reconocer y garantizar los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado interno, establecer las atribuciones y la distribución de competencias entre la federación, entidades federativas, municipios y organismos autónomos para prevenir, atender, proteger y generar soluciones duraderas.
Crear un Mecanismo Nacional para prevenir, atender y generar soluciones duraderas para el desplazamiento forzado interno, garantizar la prevención, atención, protección, generación e implementación de soluciones duraderas para el desplazamiento forzado interno, crear el Registro Nacional de Personas Desplazadas.
Se tipifica el Delito de Desplazamiento Forzado Interno, entendido como, al que sin derecho o fundamento legal alguno, mediante actos de violencia u otros actos coactivos, dirigidos o realizados contra una persona o un grupo de personas, ocasione que uno o varios de sus miembros, abandone su hogar o lugar de residencia habitual, se le impondrá una pena de prisión de 8 a 16 años y 500 a 900 días UMA de multa.
