La noche del martes primero de septiembre un grupo de hombres armados abrió fuego contra los asistentes a un velorio que se realizaba en la colonia Antonio Barona de Cuernavaca, Morelos, con un saldo de ocho personas muertas (dos de ellas, menores de edad) y 14 heridas. El joven a quien se velaba había fallecido el día anterior al chocar contra un automóvil, perder el control de su motocicleta y caer en un barranco en el Paso Exprés de la autopista México-Acapulco.

Días después, durante una entrevista radiofónica, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, afirmó que contaba con pruebas de que el ataque fue motivado por un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado. Según declaró, eso no quiere decir que los fallecidos están involucrados directamente, pero lo más seguro es que se trate del pago de una rencilla.

Indignados por el involucramiento de sus seres queridos en las pugnas entre diversas facciones del narcotráfico que asolan a esta zona de la capital morelense, familiares de las víctimas exigieron el esclarecimiento del bárbaro multihomicidio. En una conferencia de prensa efectuada ayer, los dolientes presentaron testimonios de que las personas asesinadas –cuyas edades van de los 15 a los 31 años, con la mitad de ellas de 18 o menos– eran estudiantes sin relación alguna con la delincuencia, y exigieron al fiscal estatal y a otros dos funcionarios una disculpa pública por revictimizar a sus familiares al vincularlos con las disputas de los grupos criminales.

El hecho es que, se haya tratado o no de un ajuste de cuentas, actos de violencia como éste simplemente no deben ocurrir, pues las autoridades tienen el mandato primario de garantizar al conjunto de la población la integridad física y patrimonial. Además de los bárbaros asesinatos es imperativo investigar y esclarecer los graves señalamientos emitidos por la FGE: de resultar ciertos, permitirán avanzar en la investigación, pero de comprobarse su falsedad será ineludible el ofrecimiento de la disculpa pública que exigen los padres de las víctimas, así como el establecimiento de sanciones por la irresponsabilidad cívica que supone hacer semejantes declaraciones sin un fundamento sólido.

Este episodio, que ha causado una entendible conmoción en la sociedad morelense, se inscribe en el clima de inseguridad e inoperancia de la justicia que padece la entidad. Como señaló el propio gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, el fiscal Carmona Gándara, designado por el ex mandatario perredista Graco Ramírez, arrastra una cauda de pendientes en el esclarecimiento de los eventos de violencia que se han vuelto de una macabra cotidianeidad para los habitantes del estado sureño. Es imposible soslayar uno de los casos más significativos en que el fiscal debe rendir cuentas a la ciudadanía: el del activista Samir Flores Soberanes, opositor al Proyecto Integral Morelos, asesinado el 20 de febrero de 2019, sin que hasta ahora existan avances para dar con los responsables del atentado.

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