Editorial Péndulo de Chiapas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, el ingreso real per capita de los mexicanos “ha continuado su divergencia a largo plazo con respecto a Estados Unidos y la proyección indica que la brecha podría ampliarse aún más”. Esta “divergencia” significa que los ingresos de los trabajadores de este lado de la frontera son cada vez más bajos en comparación con los que se perciben al otro lado del río Bravo, y que esta tendencia se mantendrá pese a la transmutación del TLCAN en el actual Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) permiten precisar que la ampliación de la brecha no se debe a que la economía de nuestro vecino del norte haya registrado un mayor crecimiento en el periodo, sino que existe una auténtica precarización de los trabajadores mexicanos. En su estudio “México 2018: otra derrota social y política a la clase trabajadora; los aumentos salariales que nacieron muertos”, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la máxima casa de estudios expone que entre 1987 y 2018 el salario mínimo perdió 80 por ciento de su poder adquisitivo. Esta degradación salarial se tradujo en que, si en el primero de esos años se requerían cuatro horas con 53 minutos de trabajo para adquirir la canasta básica, en 2017 eran necesarias 24 horas con 31 minutos. Si bien esta tendencia comenzó a revertirse desde el inicio de este sexenio, las cifras muestran que 30 años de neoliberalismo llevaron a que los trabajadores mexicanos no pudieran comprar ni siquiera los alimentos indispensables –ya no digamos satisfacer sus necesidades de vivienda, educación, salud y acceso a la cultura y al esparcimiento– pese a dedicar a ello la totalidad de su día.
Si los efectos del TLCAN fueron duros para el sector asalariado, resultaron simplemente devastadores para los campesinos. Como efecto de la liberalización del sector agrario, los labriegos mexicanos se vieron obligados a competir sin apoyo alguno contra una agricultura altamente mecanizada, tecnificada y subvencionada, lo que se tradujo en una doble condena: los sembradores debieron dejar su forma de vida para pasar a engrosar los cinturones de miseria de las grandes ciudades o para buscar el llamado sueño americano;
mientras el país perdió su soberanía alimentaria y pasó a depender de las importaciones agropecuarias, a tal punto que compra en el exterior 82.2 por ciento del maíz amarillo, 86 por ciento del arroz, 70 por ciento del trigo y 39.3 por ciento de la carne de cerdo que consume, por mencionar sólo algunos bienes. La contraparte de esta descampesinización del mundo rural es la concentración de las mejores tierras en manos de la gran agroindustria dedicada no a satisfacer las necesidades alimentarias, sino el mercado de exportación, y que para colmo está basada en la violación sistemática de los derechos humanos de los trabajadores agrícolas –como se ha documentado ampliamente en el valle de San Quintín, Baja California–, así como en la destrucción del medio ambiente –mal ilustrado por la incesante expansión del aguacate en Michoacán–.
La gran bandera con que la tecnocracia salinista vendió a la ciudadanía las bondades del TLCAN fue no otra que la convergencia con los ingresos de nuestros vecinos del norte merced a las –se decía– evidentes ventajas del libre comercio, la desregulación financiera y la competencia. A casi tres décadas de que los destinos nacionales quedaran ungidos al libre comercio, es hora de tomar medidas para paliar sus efectos más negativos sobre las mayorías.

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