Editorial Péndulo de Chiapas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) anunció ayer que obtuvo órdenes de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) capitalino, y cuatro personas más por los delitos de trata de personas –en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa– y asociación delictuosa. Asimismo, informó que solicitó la colaboración de la Fiscalía General de República, del Instituto Nacional de Migración y de las fiscalías de las entidades federativas para la búsqueda, localización y aprehensión de los acusados.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que, tras una investigación conjunta con la FGJ-CDMX, congeló las cuentas bancarias de Gutiérrez de la Torre y sus ex colaboradores Claudia Priscila Martínez González, la diputada local plurinominal priísta Sandra Esther Vaca Cortés, Adriana Rodríguez Regalado y Roberto Zamorano Pineda.

Debe recordarse que en 2014 se dio a conocer una investigación que apuntaba al desvío de recursos públicos por parte del entonces dirigente priísta para operar una red de prostitución que reclutaba a mujeres de entre 18 y 32 años, a quienes se engañaba haciéndoles creer que trabajarían como edecanes o secretarias. En varias grabaciones se registra la manera en que las colaboradoras del entonces dirigente contrataban a las jóvenes y les describían las funciones de servicio sexual que debían prestarle. Las evidencias eran tan contundentes que ese mismo día el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor acordó separar a Gutiérrez de la Torre de su cargo directivo, y los coordinadores legislativos de los principales partidos de entonces –el propio PRI, más Acción Nacional y el de la Revolución Democrática– se manifestaron a favor de una investigación a fondo.

Sin embargo, menos de un año después, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria priísta determinó que sólo suspendería temporalmente sus derechos políticos, en una decisión que fue vista como muestra del enorme poder del que goza el líder de pepenadores en la capital del país. La extensión de las redes de complicidad urdidas por Gutiérrez de la Torre quedó patente en julio de 2015, cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (antecesora de la FGJ-CDMX) resolvió no ejercer acción penal en su contra. En lo que parecía una apuesta del priísmo por la desmemoria, el 29 de febrero de 2020 la dirigencia del partido en la Ciudad de México fue asumida por Israel Betanzos Cortés, integrante del grupo político de Gutiérrez, quien lo acompañó durante el registro de su fórmula para ponerse al frente del PRI capitalino.

La impunidad y el probable encubrimiento con que se saldó el escándalo en la administración capitalina anterior causaron un daño adicional a las víctimas y a la credibilidad del sistema de impartición de justicia, pero también para los propios señalados: en ausencia de un juicio que determine su inocencia o culpabilidad, todos los implicados en la presunta red de prostitución quedan condenados por la opinión popular, y su descrédito mancha tanto a sus correligionarios como al instituto político que cobija sus carreras.
La única vía para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, fincar o deslindar las debidas responsabilidades y, ante todo, iniciar la reparación del daño a las víctimas es la que transita por la realización de un proceso legal con absoluto apego a derecho, en el cual fiscales y juzgadores deben corresponder al crédito ciudadano con una conducción ejemplar, y eso vale para Gutiérrez de la Torre y sus ex colaboradores, pero también para todas las figuras públicas que han recibido señalamientos por presuntos actos de violencia de género.

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