Gobierno federal investiga 15 empresas ligadas a robo de hidrocarburos

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[Notimex]

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que el Ministerio Público de la Federación ya investiga a 15 personas morales (empresas), a quienes ya se les bloquearon cuentas por estar relacionados con el comercio de hidrocarburos robados.
De las empresas investigadas, 13 son franquiciatarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque no adquieren el combustible con esta empresa, pero reportan venta de gasolinas y ganancias relevantes.
Además, al ser franquiciatarios de Pemex, esas 13 empresas tampoco cuentan con permisos de importación de combustibles, lo que releva operaciones irregulares, afirmó Durazo Montaño en conferencia de prensa.
El funcionario señaló que 14 empresas también tienen bloqueadas sus cuentas ya que reportan operaciones relevantes e inusuales, uno de los grupos de empresas que presentaron estas actividades tienen ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos, de estos hay una utilidad marginal por seis mil 758 millones de pesos que no son reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Informó que por ello se estableció ya un Comité de Inteligencia Interinstitucional que aplicará productos que permitirán prevenir el robo de combustible o sabotajes a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Abundó que dicho comité está integrado por un represente de las secretarías de Marina, de la Defensa, la PGR y de la Unidad de Investigación de Robo de Combustible de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Así como representantes de la División de Inteligencia y la División de Investigaciones de Policía Federal, un representante del Centro Nacional de Inteligencia, otro más del área Logística y otro del área de Seguridad de instalaciones de Pemex, además del asesor Jurídico de la Presidencia.
Entre las funciones que tendrá dicho Comité están: auxiliar al Ministerio Público federal con información táctica; identificar el modo de operar en todos los eventos de robo de combustible, así como el número de investigaciones en curso para establecer las redes de vínculos, para ubicar a los líderes de las organizaciones delictivas, sus operadores regionales, testaferros, bienes y recursos, además de posibles servidores públicos involucrados.
También contribuirá para determinar los objetivos a consignar con pedimento de aprensión, las cuentas bancarias que deban ser intervenidas y los inmuebles que deban ser cateados, con todo ello el Comité Interinstitucional de Inteligencia informará al Gabinete de Seguridad para que éste determine las acciones correspondientes.
El secretario de Seguridad agregó que también se propondrá la creación de una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero, que se denominará División Financiera para impedir el continuo desarrollo financiero de la delincuencia organizada, así como la demora en la investigación de delitos y la impunidad que hay en los delitos precedentes al lavado de dinero.
Por otra parte, pidió a la Cámara de Diputados dar celeridad a la aprobación de los cambios propuestos al artículo 19 constitucional que ya fueron aprobados en el Senado y que incorporan el robo de combustible como delito grave.
Por otra parte, respecto de la Guardia Nacional, puntualizó que se estudian las modificaciones que propondrían al Senado, indicó que “en términos ideales optaríamos porque fuese aprobada la iniciativa que fue presentada, pero respetamos la decisión que han tomado el Congreso”.
Por su parte, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, señaló que en el periodo comprendido del 2017 a la fecha, se ha desarrollado una investigación de ocho mil 482 sujetos por reportes inusuales en materia de robo de combustible.
Refirió que en ellas se consideró información de Pemex sobre tomas clandestinas, con lo cual se hizo un análisis donde se detallan irregularidades de cada sujeto obligado.
Precisó que se logró identificar a 23 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo están bajo investigación con apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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