En legítima defensa/ Aquiles Córdova Morán/Algunos por menosprecio

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Algunos por menosprecio (no creen que valga la pena el esfuerzo); otros por consigna de sus medios o de sus clientes; otros más por incapacidad mental o escaso dominio de su oficio; el caso es que todos los comunicadores que, en uno u otro momento y por una u otra razón, se han ocupado del Antorchismo, empiezan su tarea con una imagen totalmente negativa de lo que es, hace y vale el Movimiento Antorchista Nacional, asumiendo como verdad inicial lo que debiera ser la conclusión final de su investigación. Tal certeza apriorística no es, en rigor, un verdadero juicio, sino un prejuicio, algo preconcebido sobre lo cual, curiosamente, se piensa que no hay razón alguna para dudar. Quien lo hace suyo, pues, no vacila en colocarlo como la piedra angular de discurso ulterior.
¿De dónde nace este prejuicio y por qué confían ciegamente en él? Pienso que la explicación radica en que el horizonte mental de los comunicadores se forma enteramente dentro del ambiente político dominante en la escena nacional desde hace más de un siglo, con apenas ligeras variantes, y en estrecho y permanente contacto con él, puesto que allí está su materia de trabajo. Por tanto, todos sus conocimientos, todo el material informativo que poseen y las formas y procedimientos lógicos que aplican a esa realidad, acaban convirtiéndose en una segunda naturaleza, en una cárcel mental de la que les es imposible salir voluntariamente. La actualidad sobre la que trabajan se vuelve un límite infranqueable para ellos.
Después de un tiempo suficiente largo, se encuentran tan familiarizados con tal ambiente, lo han recorrido y estudiado tantas veces encontrándose siempre con las mismas cosas, con los mismos hechos y fenómenos, que inevitablemente llegan a la conclusión de que ya lo saben todo de él, que lo conocen todo y que nada nuevo ni sorprendente pueden razonablemente esperar. Se tornan escépticos y cínicos; y, como toda víctima inconsciente de un estereotipo, se vuelven incapaces de reconocer lo nuevo cuando se encuentran con él; evitan tratar de estudiarlo y entenderlo y se limitan, simple y llanamente, a negarlo. A renglón seguido, lo someten al lecho de Procusto de sus prejuicios y de las formas mentales a las que están acostumbrados. La caricatura que de semejante tratamiento resulta, tiene muy poco qué ver con la verdadera naturaleza del hecho cuya novedad los ha desafiado.
No conozco absolutamente a nadie, ni jamás he leído nada, artículo o libro (hay muchos de lo primero y varios de lo segundo), que diga algo serio, bien documentado y digno de atención sobre el Movimiento Antorchista Nacional. Hay unanimidad entre los opinadores (unanimidad que no nace del estudio sino de algo mucho más facilón pero mucho más alejado del rigor de una verdadera investigación: del hecho simple de que se copian unos a otros y, llegado el caso, se citan recíprocamente para probar que les asiste la verdad) en el rechazo, la condena y el menosprecio hacia nuestro movimiento. Coinciden en considerarnos, en el mejor de los casos, una de tantas organizaciones creadas para provecho y encumbramiento político de sus líderes, aprovechándose cínicamente de la necesidad y la escasa cultura de sus bases. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de organización con el que se han encontrado siempre.
Pero lo más frecuente es que se nos trate y retrate como la peor de todas. Para medios, reporteros y columnistas, somos un engendro, una calamidad social que ha hecho de la protesta pública una jugosa industria para sacar dinero de las instituciones y funcionarios, dinero que ha servido para enriquecer escandalosamente a los líderes. Se nos llama chantajistas, corruptos, nepotistas, invasores, grupo paramilitar, brazo armado del PRI, grupo de choque… y agréguele, amigo lector, todo lo que su imaginación le sugiera. ¿Y en qué se funda tan impresionante máquina de descalificaciones? Aunque usted no lo crea, la respuesta es: ¡en nada! ¡Absolutamente en nada que merezca el mínimo respeto! Su verdadero sustento radica en la credulidad que le suponen al gran público; en la imposibilidad del ciudadano común para exigir pruebas de lo que se le asegura o para buscarlas por sí mismo; en el poder de penetración y manipulación de los grandes medios masivos y en el “prestigio” de ciertas “vacas sagradas” del periodismo usadas como boca de ganso para vender mentiras.
Una vez convertida en certeza probada la caricatura prefabricada por el medio o por el reportero, todo lo demás va cayendo automáticamente en su lugar sin necesidad de nuevos argumentos o pruebas específicas. Todo, absolutamente todo hecho, suceso, evento político-social, manifestación pública, etc., así sea lo más inocuo o lo más noble y digno de aplauso, se convierte en prueba irrefutable de los abusos, los engaños y la conducta delictuosa de la organización declarada de antemano réproba y criminal. Ya nada puede salvarla de la condena universal.
Tomo el caso más reciente, el mismo que me mueve a abordar el tema de hoy. La reportera de “Televisa”, Fátima Monterrosa, “denunció” hace unos días un crimen nefando de los antorchistas: resulta que son dueños de más de 50 gasolinerías en varios estados del país, lo cual viene a ser sinónimo de delito y prueba irrefutable del carácter criminal y corrupto de Antorcha y de sus líderes. ¿Por qué? Porque tratándose de una organización como esa, como la que la reportera se ha forjado en su imaginación, nada limpio ni noble puede esperarse de ella. Nada más por eso. Pero vayamos más despacio.
Primero: doña Fátima está obligada a decirnos a todos los televidentes por qué es un delito que una organización política como Antorcha sea dueña de gasolinerías; debe explicarnos en qué basa semejante juicio. O dicho de otra manera, debe precisar con toda claridad qué ley, qué principio jurídico o moral está transgrediendo Antorcha por ser propietaria de gasolinerías o de lo que sea. Si no lo hace así, caerá de lleno en la sospecha de haber mentido por consigna y por conveniencia, no importa si personal o por órdenes del medio en el que labora.
Segundo: la reportera mencionada asegura que “la mayoría” de esas gasolinerías fueron adquiridas durante el sexenio del Lic. Peña Nieto. Es decir, insinúa que son concesiones ilegítimas (tal vez, digo yo, el pago a nuestros servicios de brazo armado del PRI). No dice, o no sabe, que varias fueron adquiridas ya en funcionamiento, es decir, que la gestión respectiva corrió a cargo de sus antiguos propietarios. ¿También ellos fueron o son brazo armado del PRI? Exijo, además, que la reportera investigue concesión por concesión, y que presente la documentación o los testimonios oficiales que demuestren el carácter ilegal de cada una de ellas, porque no es difícil entender que la simple fecha de apertura es totalmente insuficiente para acusar de privilegios indebidos a nadie.
Tercero: Fátima Monterrosa menciona nombre y apellido de los dueños legales de algunas de las 50 gasolinerías de Antorcha. No de todas sino solo de aquellas cuyos propietarios guardan algún parentesco, consanguíneo o legal, con el líder nacional Aquiles Córdova Morán. Insinúa que son prestanombres, cómplices del enriquecimiento escandaloso de dicha persona. En su afán de herir, incluyó a la señora Lucila Acevedo, dueña de una gasolinería en Tlapa, Guerrero, quien ya protestó por el error y el daño moral que, a su juicio, le resulta de la confusión.
Es verdad que las estaciones de servicio, e incluso todos los establecimientos de Antorcha, están a nombre de personas físicas, cosa que tampoco es un delito ni un secreto guardado por nosotros. Se trata de un recurso provisional debido al apremio de los tiempos y a la falta de experiencia empresarial, urgidos de desarrollar nuestra actividad financiera. La selección de tales personas no obedece a criterios de parentesco sino de confiabilidad a prueba de corrupción, y no corre a cargo de Aquiles Córdova sino de la Comisión Financiera Nacional, órgano independiente del Secretario General. Por cierto, los parientes del líder nacional son la ínfima minoría de los propietarios legales.
Cuarto: para disipar cualquier sospecha, exijo a Fátima Monterrosa que complete su investigación y su denuncia. Que siga el curso de las utilidades de los negocios “descubiertos” y que encuentre, exhiba y denuncie penalmente las cuentas bancarias secretas, las residencias, los departamentos, las colecciones de carros de lujo, los ranchos y haciendas del líder Antorchista. Quizá así reconozca que lo que hace Antorcha en el terreno económico la coloca muy por encima de todo lo que ella haya conocido hasta hoy; quizá entienda que somos la única organización que vive de su propio trabajo y no de subsidios oficiales, no de robarse recursos destinados a la gente o a la obra pública, no de sangrar con cuotas a sus militantes más pobres. Quizá descubra al fin el absurdo que comete denunciando como delito algo que ella, y todo el mundo con dos dedos de frente y otros tantos de buena fe, debieran aplaudir y difundir para ejemplo de muchos.
Sé muy bien que “alabanza en boca propia es vituperio”; pero como yo no dispongo de poderosos medios de difusión, ni de brillantes defensores a sueldo, tengo que defenderme yo mismo a riesgo de ser acusado de cinismo en último grado. Afirmo, pues, que mi actividad pública y mi vida privada pueden competir con el más honesto, honrado, desinteresado y morigerado de los políticos profesionales de este país; y que estoy seguro de ganar limpiamente la competencia. Nací pobre; vivo modestamente (no bebo, no fumo, no voy nunca de parranda ni a grandes fiestas o lujosos saraos); como lo que cualquier antorchista con salario mínimo, salvo cuando viajo; no tengo absolutamente ninguna propiedad ni otro tipo de riqueza acumulada; amo y respeto a mis hermanos antorchistas de todo el país, tanto como para no robarles un grano de su mísero patrimonio. A ellos me debo, por ellos vivo y lucho todos los días, y en ellos confió para que me juzguen. Y para que me repudien y denuncien si alguna vez descubren que los engaño. ¿Alguien más levanta la mano?

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