Editorial Péndulo de Chiapas

Un tribunal penal de esta capital confirmó ayer la sentencia de un juez federal que negó el amparo solicitado por la defensa del abogado Juan Collado, preso por delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que el otrora influyente litigante deberá proseguir su juicio preso en el Reclusorio Norte, donde se encuentra en régimen de prisión preventiva desde 2019. En días recientes, la ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Rosario Robles, imputada por ejercicio indebido del servicio público, recibió un fallo semejante y deberá seguir recluida en la cárcel de Santa Martha Acatitla. Por su parte, el ex director de Pemex Emilio Lozoya, quien confesó haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, prosigue su proceso penal en la misma prisión que Collado.

Se ha llevado ante los tribunales a Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal y brazo derecho del ex secretario de Seguridad Pública del calderonato Genaro García Luna, preso en Estados Unidos; al ex senador panista Jorge Luis Lavalle y al magnate Alonso Ancira; adicionalmente, se han iniciado causas al llamado Rey del outsourcing, Raúl Manuel Beyruti Sánchez, al ex senador y ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, y se reactivaron las investigaciones en torno a las presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilegal de Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz. Por cierto, los reclamos de la justicia no tocan únicamente a personajes de la oposición: los ex diputados morenistas Saúl Huerta y Cipriano Charrez permanecen en prisión por ilícitos de distinta índole. Por otra parte, se gestiona la extradición del general Eduardo León Trauwitz, acusado de robo de combustibles a Pemex y detenido en Canadá, así como de Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República, quien huyó a Israel tras ser acusado de tortura, desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia.

Este breve y no exhaustivo recuento debería bastar para desmentir la especie de que se ha dejado de lado la lucha contra la corrupción y la impunidad, aunque debe reconocerse que en varios casos, la acción de la justicia se ha visto paralizada por la cuestionable liberalidad con que los togados otorgan amparos a personajes poderosos señalados por delitos de la máxima gravedad. Así ocurre, por ejemplo, con el ex gobernador de Puebla Mario Marín, quien consiguió una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que se le dictó por la tortura de la periodista Lydia Cacho. Una combinación de inexplicable benevolencia judicial y uso faccioso del poder mantiene impune al gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ha eludido responder por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Estos dos últimos casos ilustran las dificultades a las que se enfrentan las actuales autoridades al intentar desmontar un entramado de complicidades tejido durante décadas en las que el régimen al que pertenecieron los hoy señalados controló las procuradurías, nombró magistrados, hizo leyes y ocultó o destruyó carpetas de investigación. Si se toma en cuenta estos antecedentes, debe reconocerse que, aunque insatisfactorio e insuficiente, es innegable lo logrado hasta ahora en la lucha contra la corrupción y la impunidad son innegables.

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