Editorial Péndulo de Chiapas

Al inaugurar ayer el cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la postura de su gobierno, respecto de que el verdadero combate a las organizaciones delictivas consiste en atender a los jóvenes a fin de que éstos no se integren al “ejército de reserva” de la criminalidad, para lo cual la tarea fundamental es combatir la pobreza.

En una plaza emblemática por la presencia de grupos delictivos y por la atroz política aplicada en el sexenio antepasado para combatirlo, la cual dejó una sociedad herida y marcada por las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y toda suerte de violaciones a los derechos humanos, el mandatario se refirió a la necesidad de “atender sus causas: primero, que la gente viva mejor, que haya bienestar”, porque si los jóvenes tienen alternativas a la criminalidad, poco a poco se avanzará en serenar Ciudad Juárez y el país.

Recordar que el nuevo paradigma en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia tiene tres ejes principales: el ya citado combate a la pobreza y la marginación que padecen grandes sectores de la sociedad –en especial los jóvenes, sin duda–, el despliegue de la GN como policía de proximidad y con presencia permanente en el territorio y la lucha contra la corrupción –particularmente mediante la inteligencia financiera– que durante mucho tiempo ha articulado a las corporaciones delictivas con individuos y grupos del poder político y económico.
El razonamiento que da fundamento a ese nuevo paradigma resulta conceptualmente impecable, en la medida en que apunta a extirpar las raíces socioeconómicas de la delincuencia; más aún, con base en los índices delictivos divulgados por el gobierno, la aplicación de esos tres lineamientos ha empezado a dar resultados. Sin embargo, la reconstrucción de la seguridad resulta una tarea urgente a ojos de las poblaciones afectadas por la violencia, las cuales esperan logros rápidos. En este punto parece haber un eslabón faltante entre corto y largo plazos, eslabón que debiera ser la construcción de paz como una tarea gubernamental mucho más intensa, que vaya más allá de la atención a víctimas –tarea que ha recaído en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas– y de la gestión de soluciones para confrontaciones sociales.

En este punto es pertinente preguntarse si no es necesario diseñar y aplicar a escala nacional un modelo de justicia transicional que permita acelerar la desarticulación y el desarme de los grupos delictivos que más claramente violentan el estado de derecho y que en algunas zonas del país cuentan con un indiscutible arraigo social.
Hay en esta materia diversas experiencias internacionales que podrían inspirar la concepción de un proceso semejante en nuestro país, y bien valdría la pena reflexionar al respecto.

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