El Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se conmemoró ayer, fue ocasión para que miles de mujeres se manifestaran en diversas ciudades en exigencia de que se garantice a nivel nacional el derecho a decidir sobre sus cuerpos, así como para demandar justicia por los feminicidios perpetrados cada día en el país y que se ponga fin a la criminalización de las mujeres que abortan.

Del lado institucional, diputadas que forman parte de las comisiones de Salud, Igualdad de Género y Justicia anunciaron que buscarán la aprobación de un paquete legal que garantice en todo el país la interrupción del embarazo y la obligación de la Secreta-ría de Salud de ofrecer servicios médicos reproductivos y de salud sexual a las mujeres. Desde febrero pasado, la Comisión de Igualdad de Género votó por que se pasara al pleno un proyecto de decreto de adición a la Ley General de Salud con el cual se homologaría a nivel federal el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación; sin embargo, en parte por el contexto de emergencia sanitaria, su discusión quedó congelada.

Los reclamos de las mujeres en las calles y las propuestas de las legisladoras desde sus espacios de representación recuerdan que en la actualidad los derechos sexuales y reproductivos se encuentran conculcados por una maraña de códigos estatales que, incluso cuando nominalmente permiten el aborto, plantean tantas y tan absurdas restricciones que en los hechos se convierten en mecanismos de denegación de derechos.

Con las solas excepciones de la Ciudad de México y Oaxaca, que no imponen ninguna condición al acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo, todas las entidades restringen en alguna medida el ejercicio de este derecho. Por ejemplo, aunque ningún estado penaliza el aborto en caso de violación, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero e Hidalgo establecen que se requiere autorización de un juez o del Ministerio Público para que se realice el procedimiento: un completo despropósito que traslada a funcionarios judiciales una decisión que compete únicamente a la mujer que lo solicita. En San Luis Potosí y Tabasco se va más allá en esta violencia contra las mujeres al exigirles una comprobación de los hechos de haber sido violadas.

Para colmo, durante los últimos años varios gobiernos estatales han aprobado leyes para endurecer los términos en que las mujeres pueden acceder a la interrupción del embarazo, e incluso las criminalizan por abortar. Ejemplo de estas legislaciones cavernarias es la aprobada en marzo de 2019 por los legisladores locales de Nuevo León, la cual no sólo criminaliza el aborto, sino incluso algunos métodos anticonceptivos en nombre de una pretendida defensa de la vida desde la concepción. A nivel federal, el punto culminante de esta ofensiva institucional contra los derechos humanos de las mujeres mexicanas llegó en marzo de 2018, cuando los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional aprobaron una modificación a la Ley General de Salud que permite al personal médico negarse a participar en prácticas que contravengan su libertad de conciencia; es decir, a negar derechos con base en sus creencias religiosas.

Si bien la llegada del actual gobierno frenó el retroceso de los derechos en el ámbito federal, hasta ahora no se ha podido avanzar en una demanda que el partido gobernante enarboló en su plataforma política de cara a las elecciones de 2018. Esta situación se reproduce en aquellas entidades con mayorías legislativas morenistas. La existencia de significativas fuerzas sociales que se oponen al cumplimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos no puede ser un pretexto para continuar postergando lo que es una obligación constitucional: garantizar a todas las mujeres la salud y el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

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