Luis Vallejo.- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconoce el derecho al autogobierno de la comunidad indígena de La Candelaria, en San Cristóbal de Las Casas, no significa que los usos y costumbres puedan colocarse por encima de los derechos humanos, por lo que prácticas como los matrimonios infantiles o la cohabitación forzada continúan prohibidas, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza.
La legisladora de Morena comentó en entrevista que, de manera paralela al fallo de la Corte, el Congreso de Chiapas se encuentra analizando los alcances de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, presentada por la senadora Edith López Hernández y la diputada federal Nati Jiménez, la cual establece tanto derechos como obligaciones para las comunidades indígenas.
Gómez Mendoza señaló que el reconocimiento de los sistemas normativos internos no representa un “cheque en blanco” para justificar conductas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes o que contravengan la legislación vigente.
“No solamente es un hecho de respaldarse por el término de usos y costumbres. Hoy también las comunidades deben saber que, junto con los derechos, existen obligaciones, como las tenemos todas y todos los ciudadanos”, sostuvo.
La diputada indicó que la resolución de la SCJN también plantea responsabilidades para los distintos niveles de gobierno en el proceso de reconocimiento del autogobierno de La Candelaria; sin embargo, enfatizó que ninguna comunidad puede quedar exenta del cumplimiento de las leyes que protegen los derechos fundamentales.
“Aunque ellos impugnen, esto es para todas y para todos; no se puede diferenciar”, expresó.
Respecto a la percepción de que los usos y costumbres permiten a algunas comunidades actuar al margen de la ley, la legisladora rechazó esa interpretación y aseguró que la nueva legislación nacional deja claro que los derechos de los pueblos indígenas deben ejercerse en armonía con las obligaciones constitucionales.
“Esta nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos respalda precisamente esas obligaciones que debemos tener todas las mexicanas y todos los mexicanos, sin importar si pertenecemos a una comunidad indígena, afromexicana o mestiza”, puntualizó.
Para finalizar, Gómez Mendoza informó que el Congreso del Estado continúa con el proceso legislativo de diversos asuntos que podrían integrar un próximo periodo extraordinario de sesiones, aunque precisó que ello dependerá de la dictaminación que realicen las comisiones legislativas correspondientes.
