No es nada personal, pero es evidente que los mexicanos están pensando seriamente darle una oportunidad al diablo, antes de continuar bajo un régimen mesiánico donde un omnipotente, decide por la suerte de miles de personas, sea cual sea el resultado.

Hace apenas dos días, un seguidor de López Obrador llamado Ranferi La Paz, organizó una encuesta en twitter, en la que acusa a José Antonio Fernández Carbajal, empresario de la multinacional, a quien en redes sociales se refieren como “el diablo”, de querer sacar a AMLO de la presidencia; cuando “el pueblo quiere reelegirlo”.

Para sorpresa de sus propios correligionarios, de un total de 44 mil 113 votos, sólo el 14 por cierto dijo estar con el pueblo, es decir con el gobierno emanado del pueblo que encabeza López Obrador, mientras que el 85.8 por ciento, dijo estar con el diablo de Femsa y ya.

Y es que hace unos días, en redes sociales se viralizó la supuesta declaración del citado empresario, en la que amagaba con actuar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2022 -año de la revocación de mandato- a manera de venganza por obligarles a pagar impuestos.

“Le pagamos al SAT, pero voy a poner el doble para sacar a AMLO en 2022”, es el dicho que le atribuyen a José Antonio Fernández Carbajal, a quien se refieren como ‘El Diablo’, quien es presidente del consejo de administración FEMSA. Supuestamente dijo eso luego que Fomento Económico Mexicano llegara a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el pago de 8,790 millones de pesos (cerca de USD 397 millones) por impuestos.

De inmediato las reacciones de asiduos defensores twitteros y testaferros de las redes sociales no se hicieron esperar. #FemsaTeCobraremosLaOfensa, #BoicotaFemsa o #BoicotaOxxo (esta última una de las tiendas de conveniencia propiedad de la multinacional) son algunos de los hashtags que no tardaron en hacerse tendencia en redes, a través de los cuales miles de usuarios externaron su apoyo al gobierno de López Obrador y reprocharon el supuesto intento de boicot a la empresa fundada en la ciudad norteña de Monterrey.

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentan los resultados de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019.

Se trata de la segunda edición de este proyecto estadístico, cuyo propósito es conocer las experiencias, actitudes y percepciones que influyen en el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, así como el grado de conocimiento sobre la legislación y las instituciones encargadas de garantizarlos. La primera edición se llevó a cabo en 2016.

La ENAID permite hacer estimaciones sobre el tipo de información que consulta cotidianamente la población de 18 años y más, que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, así como el medio a través del cual lo hace. De igual manera, se indaga sobre el nivel de la satisfacción que tiene dicha población con la información que genera el gobierno, así como el grado de cumplimiento de diversas características deseables, como confiabilidad, veracidad, utilidad, oportunidad, entre otras.

De esto se desprende un incremento en el porcentaje de la población que conoce o ha escuchado sobre la existencia de una institución que garantice el derecho de acceso a la información pública; pasó de 50.6% en 2015 a 54.8% en 2019.
Con respecto de 2015, el tipo de información gubernamental que registró mayores incrementos porcentuales en cuanto a consultas fue la relacionada con seguridad pública y programas de apoyo social.
El 25.7% de la población de 18 años y más identifica a los portales de transparencia como medio para obtener información del gobierno.
¿En resumen? La transparencia y el derecho a la información pública siguen siendo solo números. A veces más, a veces menos. Pero al fin de números fríos y cuadrados

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