Un centenar de personas embozadas, amparadas en el reclamo –sin duda justo– de poner fin a la violencia policial, causó ayer destrozos de consideración en el Centro Histórico capitalino.
La marcha, que no fue convocada por ningún colectivo conocido, dejó como resultado comercios saqueados, monumentos vandalizados y mobiliario urbano destruido, y en el curso de ésta ocurrieron conatos de enfrentamiento entre los participantes y ciudadanos que buscaban preservar sus establecimientos o que, simplemente, trataron de inducir a los marchistas a la sensatez y al civismo.
La movilización tomó como bandera la demanda de justicia para Melanie N, una menor que fue brutalmente agredida por efectivos policiales en una protesta realizada el viernes pasado, precisamente para repudiar la muerte de Giovanni López, un albañil de Jalisco, ocurrida mientras se encontraba bajo resguardo de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Cierto es: casos de violencia policial como los referidos son indignantes e inadmisibles y en los días que transcurren remiten de manera obligada al asesinato del afroestadunidense George Floyd, perpetrado el 25 de mayo por varios efectivos policiales en Minneapolis, Minnesota.
No obstante, los episodios ocurridos en esta capital y en Ixtlahuacán son incomparables, no sólo porque en el segundo una persona perdió la vida, presuntamente a manos de sus captores policiales, sino también porque mientras en Jalisco el caso fue ocultado durante un mes, en la Ciudad de México se actuó con celeridad para condenar la agresión a la joven y se detuvo y remitió a las instancias correspondientes a los presuntos agresores.
Por otra parte, aun cuando el derecho a la libre manifestación es incuestionable, resulta por demás dudosa la legitimidad de la marcha de ayer, en la que la destrucción sin sentido no fue la excepción ni un desbordamiento de ánimos sino la norma en lo que pareció una conducta deliberada de los participantes.
Debe considerarse que los actos de vandalismo tienen como telón de fondo la determinación de las autoridades locales y federales de evitar el uso de la fuerza como métodos para hacer frente a las protestas. A la luz de ese hecho, la violencia sistemática de los marchistas lleva a pensar que los organizadores de la movilización pretendían obligar a la policía a contenerlos y a adoptar métodos represivos, algo que, a la postre, no lograron.
Lo cierto es que provocaciones como la escenificada ayer colocan a ambos niveles de gobierno ante la difícil disyuntiva de contradecir en alguna medida sus propósitos de no recurrir a la represión o dejar en la desprotección a la ciudadanía y abandonar a la urbe a merced de quien decida violentarla.
En esta circunstancia, es claro que debe optarse por protocolos de contención sin traspasar la delgada línea que los separan de la agresión policial injustificada y de la represión a secas, y que ello requiere de una reducación tan cuidadosa como intensiva de las fuerzas del orden.

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